El Protocolo de Kyoto se ha puesto en marcha con el principal objetivo de paliar el cambio climático. España tiene que limitar a un 15% el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero en el periodo 2008-2012 respecto a 1990; y según un estudio, éste es el país de la Unión Europea que más lejos está de cumplir con el objetivo.

Razones
Las fábricas, la electricidad y gran parte del sistema de vida se basan en el petróleo y en el carbón, que emiten dióxido de carbono (CO2), el cual se acumula en la atmósfera y calienta el planeta. Esto es lo que se conoce como el efecto invernadero.

Para combatir el problema surgió el Protocolo de Kyoto, el cual obliga a controlar las emisiones de gases de efecto invernadero para paliar el cambio climático. El acuerdo tendrá repercusiones en las fábricas y las viviendas, en definitiva en el modo de vida y en el desarrollo económico.

Para cumplir con Kyoto, España tiene que limitar a un 15% el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero en 2008-2012 respecto a 1990; y según un estudio de la Comisión, éste es el país de la Unión Europea que más lejos está de cumplir con este objetivo.

El plan del Gobierno español es reducir las emisiones un 0,4% hasta 2007, dejando el grueso de la reducción para el periodo 2008-2012. El Gobierno calcula que cumplir la primera fase le costará a las empresas 85 millones de dólares.

El problema es que hoy España emite entre un 40 y un 43% más de lo que emitía en 1990. El actual Gobierno se encuentra con el gran inconveniente de cómo encarar este problema, ya que el anterior desde el que se negoció el acuerdo, en 1997 (ratificado por unanimidad en el Parlamento en 2002) no hizo nada por cumplir el compromiso.

Esta obligación de recortar emisiones preocupa a las empresas, que no podrán sobrepasar los derechos de emisión que les correspondan. Si contaminan más de lo asignado, tendrán que comprar derechos a las empresas que dispongan de ellos o pagar una multa (la misma puede llegar a 100 euros por cada tonelada de CO2 emitida a la atmósfera sin permiso).

Pero no es sólo la industria, que es responsable de un 40% de las emisiones, sino que también se encuentran comprometidos los sectores (transporte, agricultura, sector residencial) que no están sometidos a la directiva comunitaria, haciendo la mayor parte de las emisiones contaminantes (alrededor de un 60%). Por este motivo también hay que actuar sobre éstos, lo cual implicaría no hacer recaer todo el esfuerzo en los sectores industriales, que sí contemplan la directiva, y que suponen el 6% de la riqueza del país, empleando a 180.000 trabajadores.

Los sectores industriales incluidos en la directiva suponen el 18% de las emisiones y las eléctricas, el 22%. Las industrias son, además, los primeros clientes de las compañías y recortar mucho sus emisiones podría tener efectos sobre el empleo y sobre la actividad en general.

En caso de que España no cumpla con el Protocolo de Kyoto, la UE ha previsto multas (para todos los países que incumplan), aunque aún no están detallados los mecanismos. También existen otros métodos de reto, como un mercado de emisiones; un sistema que permite a un país que alcance en 2012 con menos emisiones de las que se le autorizan, a vender las toneladas que le sobren a otro que las necesite para cumplir con su tope máximo.

Otra forma de cumplir con el acuerdo son los mecanismos de desarrollo limpio. Un país desarrollado, mediante un proceso de cooperación en un país en vías de desarrollo, consigue que éste ahorre emisiones. El país desarrollado se resta las emisiones ahorradas de su cupo.

España ya piensa recurrir a la compra de emisiones, como también a los proyectos de cooperación. Los planes del Gobierno prevén que en 2012 las emisiones superen en un 24% el nivel de 1990.

Daniela Ceccato