Se trata de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. Esta se encuentra vigente desde 2002, aunque ha sufrido algunas modificaciones, en especial en cuanto a los spam.

¿Qué es la LSSI?
Es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSICE). Su objetivo principal fue incorporar al ordenamiento jurídico español la directiva relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en especial, el comercio electrónico en el mercado interior.

La LSSI se aprobó en julio de 2002, y reúne los requisitos mínimos que deben cumplir los Sitios Web que ofrezcan servicios con contraprestación económica en España. En caso de no efectuarlos la ley impone sanciones que pueden llegar hasta 600.000 euros y la retirada de la página Web.

Muchas empresas españolas están teniendo, cada vez más, presencia en Internet, pero en la mayoría de los casos el empresario no tiene en cuenta que dicha presencia debe obedecer a una serie de leyes que la regula.

La Ley es empleada para todas las actividades que se realicen por medios electrónicos y tengan carácter comercial. En resumen, se aplica tanto a las páginas web en las que se realicen actividades de comercio electrónico como a aquellas que suministren información u ofrezcan servicios de forma gratuita para los usuarios, constituyendo una actividad económica para su titular. Esto es así cuando su responsable recibe ingresos por las actividades de comercio electrónico que lleve a cabo, o por publicidad, patrocinio, etc.

Las obligaciones legales que se deben llevar a cabo son éstas:
- Comunicar a los registros públicos el nombre de dominio con el que opera la empresa en Internet.
- Identificación en el sitio web de la entidad jurídica que ofrece los servicios.
- En caso de profesión regulada -como colegios de médicos- número de colegiado.
- Reflejar en forma clara el precio de los servicios- si los impuestos están o no incluidos-.
- La completa prohibición de utilizar el e-mail para comunicaciones publicitarias o de promoción que no hayan sido expresa y previamente autorizadas por sus destinatarios.

Pero esta Ley ha sufrido algunas modificaciones, como algunos aspectos del spam (e-mails publicitarios no solicitados). El envío de correos electrónicos comerciales por parte de empresas a usuarios con los que han tenido una relación contractual, no requerirá que éstos hayan expresado su consentimiento. La Ley General de Telecomunicaciones (LGT) supone una modificación sustancial del concepto recogido en la LSSI sobre los controvertidos spam.

La LSSI prohíbe el spam publicitario, aunque no cualquier envío masivo de correos electrónicos a un servidor. Las comunicaciones comerciales realizadas a través de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente, lo que incluiría la publicidad por mensajes cortos a móviles, tienen que incluir al comienzo del mensaje la palabra “publicidad”.

Las direcciones de correo que se facilitan durante el proceso de contratación o de suscripción de algún servicio no se pueden utilizar por el prestador para el envío de comunicaciones comerciales; excepto que el usuario haya aceptado de forma expresa tal intención, o que el interesado le haya solicitado su permiso antes de finalizar el procedimiento de contratación. En todo caso, el usuario podrá disolver su autorización en cualquier momento notificándoselo al remitente.

¿A quiénes afecta esta Ley?
En principio, a quienes realicen actividades económicas por Internet u otros medios telemáticos (correo electrónico, televisión digital interactiva, etc.), siempre que la dirección y gestión de sus negocios esté centralizada en España o, posea una sucursal, oficina o cualquier otro tipo establecimiento permanente en territorio español.

Aquellos prestadores de servicios que se encuentren inscritos en el Registro Mercantil o en otro Registro público español, estarán sujetos a la ley.

Daniela Ceccato