Se aprobó, en la Unión Europea, la normativa que permite retener información de las comunicaciones tanto telefónicas como electrónicas; siendo el principal objetivo de su creación poder combatir el terrorismo y el crimen organizado. ¿Será posible?

Contra el mal
Ya se ha aprobado, en la Unión Europea, la normativa que permite retener información de las comunicaciones -telefónicas y electrónicas-. Esto significa que toda llamada establecida, concretada o no, quedará registrada. Lo mismo ocurrirá con las llamadas hechas de teléfonos móviles, se podrá localizar el lugar desde donde se realizó la misma.

Esto ha sido aprobado de forma definitiva por el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, algo que el Parlamento Europeo aceptó el pasado 14 de diciembre. Dicha normativa obliga a los operadores a retener los datos durante un tiempo entre seis y 24 meses.

Todas las llamadas telefónicas deberán ser registradas, tanto las recibidas como las perdidas o no contestadas. De igual manera, los datos de correo electrónico deberán ser retenidos. Así se podrá conocer, en caso de resultar necesario, quién ha hecho una llamada, el lugar de procedencia y su duración, aunque no el contenido de la misma -sólo se podrá acceder a ella mediante la decisión de una autoridad judicial-.

En definitiva, se podrán retener estos tipos de datos:
- Números de teléfono de origen y destino.
- Nombres y direcciones de las personas que llaman y de aquellas que son llamadas, así como el servicio telefónico utilizado. En el caso de los teléfonos móviles, se añade el identificador del equipo y para Internet las direcciones IP dinámica y estática asignadas por el proveedor de acceso a la conexión.
- Respecto a Internet, nombre y dirección del usuario y los datos sobre la hora, fecha y duración de una comunicación.
- También serán objeto de retención los datos referidos a la fecha y momento de activación de una tarjeta prepago.

Objetivo
El principal motivo de la creación de esta directiva es poder combatir el terrorismo y el crimen organizado. Se supone que se obtendrán los datos necesarios para localizar e identificar la fuente de una comunicación en caso de delito grave, según esté definido en la legislación nacional de cada Estado miembro.

Supeditado a esto la directiva permite que los Estados impongan sanciones, tanto administrativas como penales. También se respetarán las legislaciones de todos aquellos países que obliguen a retener más datos y por más tiempo, como Irlanda, que conserva esta información tres años, o Polonia, que lo hará durante 15.

Muchos se han mostrado satisfechos con lo obtenido, ya que las organizaciones terroristas y de narcotraficantes actúan de forma internacional y usan las telecomunicaciones para comunicarse a través de una red muy eficaz. Para ello se tendrá que ver cuál es su red y cómo funciona a través de procedimientos con las debidas garantías. Todo un desafío que vale la pena correr.

Realizar todo este operativo, además de resultar espinoso también resulta caro. Según las autoridades europeas, crear una base de datos con todas las llamadas efectuadas y recibidas por cada usuario, y conseguir la infraestructura necesaria le supondrá a cada compañía unos 100 millones de euros y unos 50 millones de euros anuales para su mantenimiento.

Daniela Ceccato