La Regularización de Inmigrantes en España crea problemas en Alemania
El problema de la inmigración en España, y toda Europa, es un hecho ya inevitable. Por lo que España estableció una nueva regularización para que los inmigrantes cuenten con una autorización temporal de residencia de un año de validez. Esto ha cosechado críticas por parte de Alemania y Holanda, ya que según explican no están en contra del proyecto sino en que el gobierno español no haya consultado con los otros estados miembros de la UE sobre esta nueva medida. A conocer las razones…

El problema de la inmigración en España
El aumento de la inmigración en estos últimos años no es un fenómeno circunstancial, sino que se debe a los procesos de atracción que ejerce la UE sobre los países menos desarrollados, que se encuentran en terribles situaciones económicas. Sin embargo, la inmigración para los estados de la UE es una necesidad para su propio desarrollo. Primero, porque cada vez es mayor el número de puestos de trabajo que no quieren desempeñar los europeos -como trabajos de asistencia personal a niños y ancianos, trabajos agrícolas, en la construcción y, en general, aquellas tareas más pesadas y peor pagas-. Segundo, porque la existencia de inmigrantes aumenta la natalidad, logrando así tener una sociedad más joven, ya que dentro de las poblaciones envejecidas la española está en primer lugar.

En definitiva, la inmigración es una manifestación de la globalización, y muestra la interconexión y la pluralidad social, que se va a manifestar en sociedades cada vez más mestizas, con mixtura de etnias y culturas. En España, por ejemplo, ha subido de modo rápido la inmigración, en cuatro años de 700.000 personas regularizadas se pasó a 1.100.000, y es difícil estimar el número de los no regularizados.

Hay inmigrantes procedentes de muy diversos países, pero sobre todo de América Latina, con predominio de los ecuatorianos, y de Marruecos. La respuesta del PP a esta situación ha sido una política de derechas que se afianza con la Ley de Extranjería, lo cual puede llegar a tener problemas importantes de convivencia en España, que no reconoce los derechos humanos de los inmigrantes no regularizados, como el de reunión, asociación, manifestación y huelga. Este no reconocimiento significa estar indefensos y control legal por una parte, pero por otra los convierte en no existentes, haciéndolos invisibles, salvo cuando se ejerce la represión, expulsión o cárcel.

En todas las peticiones de permisos de residencia existen obstáculos administrativos e insuficiencia de medios que convierten la vida del inmigrante que busca los papeles en un calvario. Los plazos de contestación del permiso de trabajo y residencia, más de seis meses, hacen inútil la oferta de trabajo del empleador que hay que justificar y condenan al inmigrante al trabajo clandestino o a la marginación, mendicidad o delincuencia. En definitiva, pueden pasar dos años hasta la expedición de la tarjeta de residencia.

El discurso del PP que rechaza a los inmigrantes y los acusa del delito por una parte, pero por otra los admite como mano de obra degradada, no puede más que ser fuente de racismo y de xenofobia en el futuro. Además, la afluencia de inmigrantes de otras culturas va a seguir aumentando en España, pero también se va a dar en toda Europa. Por lo que no cabe duda que éste va a ser uno de los problemas europeos más importante de los próximos años.

Las consecuencias sobre la regularización

Con esta nueva regularización se podrán acoger los inmigrantes que se encuentren empadronados en algún municipio español desde antes del 7 de agosto de 2004, ya que la norma exige que los solicitantes residan en el país desde seis meses antes de la entrada en vigor del Reglamento y que lo acrediten exclusivamente mediante el empadronamiento. Todos aquellos extranjeros regularizados contarán con una autorización temporal de residencia de un año de validez. Con estos criterios, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, subrayó que "se trata de una regularización inteligente, ya que garantiza la relación laboral y unas condiciones de vida adecuadas".

El Ejecutivo estima que en España hay entre 800.000 y un millón de personas en la bolsa de inmigrantes irregulares, aunque desconoce el número de ellos que finalmente se podrán acoger a este proceso, dado que no todos tienen edad para trabajar y que todos no cumplirán o no podrán acreditar los requisitos exigidos.

La normalización de empleados extranjeros iniciada por España ha provocado la reacción de Bruselas, que quiere un sistema de alerta previa de este tipo de planes ya que considera que pueden constituir "una forma de incitación a la inmigración clandestina". Alemania y Holanda fueron los primeros que expresaron sus críticas contra la forma en la que España puso en marcha la regularización de ilegales "no por el sistema en sí, sino por el hecho de que España no haya consultado con el resto de los Estados miembros antes de ponerlo en marcha ya que se afecta a todos los países".

El ministro de Interior alemán, Otto Schily, manifestó en una rueda de prensa que "si ciertos países están regularizando ilegales ellos no pueden hacerlo mirando sólo su propia situación. Debería haber algún tipo de armonización desde el principio porque esta decisión puede afectar a otros países"; por lo tanto afirmó, "debemos trabajar juntos".

Al respecto, el portavoz europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Friso Roscam, señaló que desde la Comisión Europea "vemos ventajas en este tipo de campañas de regularización, porque permite salir a los clandestinos de la marginación", pero al mismo tiempo puede producir inconvenientes para otros Estados miembros. Roscam se refirió en este punto a un estudio elaborado por la Comisión Europea, el pasado mes de junio, sobre la unión entre la inmigración legal y la clandestina, que refleja la opinión de Bruselas sobre esta cuestión. El estudio señala que "de cierta forma, las regularizaciones constituyen una forma de incitación a la inmigración clandestina".

Según explica el informe, los Estados miembros que han llevado a cabo este tipo de programas, de gran amplitud, han tenido que tomar medidas aún más importantes apenas unos años después. Un análisis detallado realizado en ocho Estados miembros señala que esos planes de regularización se habían realizado, como media, cada 6,5 años, lo que prueba la persistencia de la inmigración y la reconstitución de ciertas "reservas" de inmigrantes clandestinos. Según datos de la Comisión Europea, desde la década de los setenta se han producido 26 operaciones de este tipo en Europa.

Daniela Ceccato